Desde el Ministerio de Fomento se va a revisar durante el año 2020, con el Plan de Inspección del Transporte por Carretera, la actuación de las cooperativas de transporte. Se actuará en coordinación con las Comunidades Autónomas, después de que el Gobierno pueda prorrogar el régimen de módulos para el próximo año. Las inspecciones se llevarán a cabo contra los cooperativistas asociados y las cooperativas, pudiendo alcanzar multas de hasta 4.001 euros por cada servicio realizado y la pérdida de las autorizaciones de transporte.
Todo ello radica en julio de 2013 con la aprobación de la reforma de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT). Una de las principales novedades prohibía que las cooperativas fueran titulares de las autorizaciones de transporte, contratando así la actividad profesional realizada por los socios como si fueran transportistas. Así, los socios no podrían facturar por ese concepto.
Como consecuencia, las cooperativas que trabajaban así debieron adaptar la fiscalidad de sus socios, o bien que se desvincularan de la cooperativa para comenzar la actividad del transporte por cuenta propia. Todo, ateniéndose a los requisitos del Real Decreto 937/2014 que establecía un periodo transitorio de adaptación hasta mediados de 2015. Así, la mayoría de cooperativas existentes entonces se adaptaron al régimen tributario de la reforma de la LOTT.
El problema ha surgido con las sucesivas prórrogas del Gobierno para mantener el régimen de módulos en 2016, 2017 y 2018. Se ha fomentado a raíz de esto la creación de nuevas cooperativas de trabajo que han ofertado la posibilidad de acogerse al régimen de módulos. Yendo contra la ley y desacreditando a cooperativas que se atienen conforme a lo marcado en la LOTT.
Por ello, se impondrán las sanciones tanto a la cooperativa como al socio que tribute de forma indebida. Imponiéndose multas de hasta 4.001 euros por cada servicio de transporte realizado, la pérdida de honorabilidad y de las autorizaciones de transporte.
