Desde el pasado 1 de julio de 2016, que entró en vigor la ‘Ley Macron’, se debe formalizar de forma obligatoria por parte de las empresas de transporte de mercancías y viajeros con sede fuera de Francia cierta documentación específica. Debiendo nombrar un representante legal en el país y equiparando el salario de los trabajadores con el salario mínimo francés.
En base a dicho conjunto de normas, desde el país galo se han reforzado las sanciones con la Ley 771/2018, que entró en vigor el 1 de marzo de 2019.
De este modo, se ha doblado la cuantía que se estipuló anteriormente en las multas. Por ello, el empleador pagará 4.000€ por empleado, en el caso de incumplir algún requisito de declaración o nombramiento de representante. En el supuesto de que se reincida en los dos años siguientes la multa pasará a ser de 8.000€. Al igual que el cliente del transportista si no cumple la obligación de supervisar, repercutirá la sanción.
Por su parte, los conductores de vehículos industriales extranjeros también se verán afectados por el aumento de las multas. Definamos que se refiere a aquellos que realizan transporte internacional por carretera con origen o destino en Francia, o quienes efectúen servicios de cabotaje. Asimismo, las empresas que lleven a cabo trabajos en Francia deberán pagar un salario mínimo de 10’21 €/hora a sus trabajadores desplazados, siguiendo las pautas de la ‘Ley Macron’.
