En los últimos días el debate candente acerca de la posible e inminente salida de la Unión Europea por parte del Reino Unido ha afectado también al sector del transporte. El próximo 31 de octubre puede consumarse el Brexit y esto supondría, en el peor de los casos, que se redujera el tránsito de camiones desde España a una décima parte de los viajes actuales. Y es que, con la salida del Reino Unido del mercado único europeo, se dificultaría el libre movimiento de personas y mercancías con la consecuente limitación del volumen de camiones con acceso al país anglosajón.
Actualmente, la pertenencia a la Unión Aduanera obliga a la eliminación de cualquier barrera fronteriza entre estados miembros. Así, con el Brexit, habría una nueva negociación de criterios aduaneros y arancelarios que afectarían a la exportación e importación de mercancías. De este modo, con el restablecimiento de fronteras se ralentizaría el tránsito de camiones hacia Reino Unido.
Dicha situación afecta de lleno a España, dado que el Reino Unido se sitúa como quinto país destino de los transportistas españoles. Supone un 8’1% del total de las toneladas-kilómetros que realizan los camiones, cerca de 8.000 vehículos pesados que se verían afectados. Mientras que en términos de exportación, serían los productos agroalimentarios, automoción, productos farmacéuticos y mercancía general los más afectados.
Por todo ello, en el escenario de una salida sin negociación por parte del Reino Unido de la Unión Europea conllevaría a una derogación de la licencia comunitaria. Como consecuencia, los acuerdos quedarían amparados en el marco de la Conferencia Europea de Ministros de Transportes – Cemt (organismo con 44 países europeos). Este paradigma limita a España, puesto que tan solo cuenta con 800 autorizaciones anuales (menos del 10% de los vehículos que actualmente operan entre España y Reino Unido).
Asimismo, debe tenerse en cuenta que las autorizaciones las solicitan las empresas de transporte que realizan servicios en países no comunitarios. Algo que, de forma directa, obligaría a reducir el flujo comercial a países no miembros de la UE para no disminuir drásticamente las operaciones comerciales con el Reino Unido.